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La “justicia” venezolana está corrompida hasta los tuétanos. No es nada nuevo, pero nunca había estado tan mal como ahora. Y eso se hace más grave si se piensa que una de las ofertas electorales del teniente coronel golpista en 1998 era la de acabar con la corrupción judicial. En la mal llamada “Cuarta República” había jueces corrompidos, pero también los había honrados. Había jueces incompetentes, pero también los había muy competentes y muy serios. Si un abogado quería un juicio recto trataba de que su caso se ventilara ante un juez que sabía honesto y recto. Hoy eso no es posible. Hoy la “justicia”, la de la peor llamada “Quinta República”, es un juego de farsas, de trampas, de abusos. En buena parte lo fue antes del teniente coronel golpista, como en el caso de la grotesca condena de Carlos Andrés Pérez por un delito que no existió, y en cuya sentencia se condena, en la parte dispositiva, a dos personas que no se habían mencionado en la parte expositiva. Todo el mundo sabía que ese juicio fue una farsa, una farsa política en la que actuó una abogada con la promesa de que iba a ser candidata a la Presidencia de la República, y otros abogados varones con la misma promesa. Allí se condenó a muerte el estado de Derecho, y de ahí en adelante todo fue cuesta abajo, hasta llegar a lo que es ahora, cuando un Fiscal General, que no pasa de ser un abogado laboralista, sin credenciales y con una fama más bien tristona, usó un pintoresco “testigo”, mitómano y quién sabe qué más, para condenar a dos personas y para acusar calumniosamente a otras cinco, una de las cuales permanece en un exilio que no se merece, y todo en medio de otra farsa más política que jurídica. Tratar de rescatar esa justicia corrompida va a ser una de las labores más serias que tendrá que afrontar la nación cuando por fin salgamos del teniente coronel golpista y sus hordas. Su pandilla fascista, roja rojita, tan corrompida como la justicia roja rojita.